El Ebro vivirá este segundo fin de semana de diciembre una nueva crecida. Se anuncia «ordinaria», pero está por ver si, pese a ello, provoca inundaciones en los pueblos ribereños. Los agricultores y ganaderos de esta zona están acostumbrados, desde hace años, a que riadas catalogadas oficialmente como «ordinarias» acaben provocando dañinos desbordamientos. Ahora, la nueva crecida vuelve a disparar los ánimos en los pueblos ribereños, que denuncian la dejadez de la Administración.
Pese a que esta nueva crecida ha sido tipificada oficialmente como «ordinaria», en los pueblos ribereños cunde inquietud. Esta crecida «sería solo el inicio de la temporada de aumento de caudal en la ribera, y quién sabe si en esta ocasión los deteriores en las motas de este río y sus afluentes no traerán algún que otro incidente que se podría haber solucionado con labores adecuadas a tiempo», advierten desde la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre).
Esta entidad agrupa desde hace años a los damnificados y que se ha convertido en el altavoz de sus quejas. Y, a estas alturas, confiesan estar «hartos de promesas incumplidas».
«Parece que las más de 20 sentencias condenatorias por incompetencia y dejadez administrativa que han ganado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y al Ministerio competente no sirven para nada», han denunciado a través de un comunicado en el que censuran que el PSOE y Podemos hayan tumbado las enmiendas
por valor de 19 millones de euros para acometer limpiezas y dragados
en el cauce del Ebro.
Desde Asafre llevan años insistiendo en que las riadas cada vez son más dañinas porque el río lleva décadas perdiendo espacio. Al tener menos capacidad de desagüe, caudales que antes eran ordinarios se convierten en dañinas inundaciones. Las estadísticas oficiales de riadas les dan la razón.
«Lo que hace años eran tareas habituales de dragado y limpieza, ahora son trabajos que se prometen con la llegada de las elecciones municipales y generales, pero que luego no llegan», denuncia Asafre a través del comunicado que ha hecho público este jueves, en vísperas de la nueva crecida del Ebro.
Denuncian que, a falta de inversiones preventivas, crece la abultada factura por reparación de daños tras las inundaciones. Eso sí, critican que las indemnizaciones para los afectados, «cuando se consiguen, llegan tarde y de forma insuficiente». Por eso, insisten en exigir «una solución efectiva y que sirva de una vez por todas para evitar que los ribereños tengan que abandonar sus tierras por la falta de interés de sus gobernantes».
Los afectados de los pueblos ribereños de Navarra, La Rioja y Aragón cifran en más de 1.000 millones de euros las pérdidas que han dejado las riadas en los últimos 30 años. De todo ese dinero, más de 300 millones corresponden a las devastadoras inundaciones de 2003, 2007, 2013, 2015 y 2018.
