
«El Líbano tiene un sistema parlamentario. Los políticos deberían ser destituidos en las urnas, en lugar de hacerlo con una bala o una bomba en un ataque terrorista», concluyó una de las juezas del tribunal que ha trabajado en el caso desde hace diez años. Todo el peso de la condena recae en Ayyash, no en los líderes de Hizbolá o los responsables del Gobierno de Siria, sobre los que el tribunal aseguró no tener evidencias que confirmen su implicación en el asesinato. Los magistrados tampoco lograron pruebas suficientes para condenar a los coacusados y también miembros de Hizbolá, Assad Sabra, Hussein Oneissi y Hassan Habib Merh.
Ayyash, de 57 años, permanece en paradero desconocido. Hizbolá se niega a entregarlo y la justicia le investiga por otros tres atentados mortales contra políticos libaneses en 2004 y 2005. Hizbolá tampoco ha puesto a disposición de la justicia en estos años a los otros tres acusados. La sentencia se hizo pública en mitad de la enésima crisis política en Líbano, donde cuatro meses después de la brutal explosión en el puerto, en la que murieron 204 personas y media capital quedó destruida, los dirigentes son incapaces de formar gobierno.