El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
J
osé Luis Escrivá
, ha anunciado este lunes que el Gobierno está estudiando introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.
Durante su intervención en un desayuno online de Nueva Economía Fórum, Escrivá ha subrayado que se trata de una práctica «intolerable», que también se realiza en los meses de verano, «que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar».
«Vamos a establecer una tasa por las bajas de contratos. Estamos estudiándolo», ha señalado el ministro, que ha explicado que el sistema actual, que permite dar de alta y de baja contratos de manera ágil, está posibilitando estos usos «no aceptables», que llevan asociada una pérdida de protección a los trabajadores al no pagarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana.
Cada mes, el 90% de los contratos que se firman en España son temporales y de ellos alrededor del 25 %, uno de cada cuatro, son de muy corta duración, es decir con una duración inferior a los siete días.
Escrivá ha señalado ésta como una de las vías para atajar la dualidad y la excesiva temporalidad en el mercado laboral español, uno de los puntos clave que a su juicio deben abordarse junto a la elevada tasa de paro estructural donde ha apuntado a mejoras de las políticas activas de empleo, el fomento de la movilidad laboral o la introducción de los ERTE como un elemento estructural con más peso de formación para los afectados.
Coste millonario de los ERTE
Por otro lado, Escrivá ha afirmado que todo el esquema de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia tendrá un coste este año de 30.000 millones de euros, y no ha querido cifrar el gasto que este mecanismo supondrá en 2021 porque dependerá de muchos factores, entre ellos por cuánto tiempo se prolongan los ERTE una vez finaliza su actual vigencia, que alcanza hasta el próximo 31 de enero.
En todo caso, ha señalado que en enero se volverá a discutir con los agentes sociales sobre el marco de los ERTE y su posible extensión, momento en el que ya se podrán tener en cuenta además algunos datos sobre las vacunas contra el coronavirus.
Sobre el plan para ayudar a la hostelería en el que trabaja el Gobierno, el ministro no ha querido entrar en muchos detalles pero sí ha avanzado que contendrá medidas fiscales y exoneraciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
