Ayer, con motivo de las reacciones ante la decisión del Tribunal Supremo sobre la repetición de un juicio y del debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones, pudimos asistir a un nuevo episodio de degeneración democrática.
Más allá de los insultos y descalificaciones, a los que los jueces ya estamos desgraciadamente acostumbrados y con los que se trata de disfrazar la falta de argumentos, resulta especialmente preocupante la deriva involucionista que parecen haber tomado determinados responsables políticos.
Recordemos, por enésima vez, que la separación de poderes y la sujeción de todos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico son los pilares básicos sobre los que se sustenta el Estado de Derecho, garantía de igualdad y de respeto a los derechos y libertades fundamentales.
La ausencia o desconocimiento de estos principios constituye el germen de un régimen totalitario y, por tanto, la antítesis de una sociedad libre. De ahí que cualquier intento de menoscabar tales principios evidencia el desprecio por los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político, que tanto nos ha constado conseguir y que son la base de nuestra convivencia.
No estamos ante una crítica a un Poder del Estado o a sus miembros, por lo demás conveniente y necesaria en cualquier democracia, sino ante actitudes que, bajo la excusa de la voluntad popular, pretenden socavar los órganos e instrumentos constitucionales creados como freno o contrapeso para garantizar que cada poder ejerza sus funciones con arreglo a la Constitución y a la Ley. Como no se pueden eliminar o controlar, se trata de vaciar sus competencias y anular su credibilidad. ¿Cómo? Ya lo vemos.
Frente a esta situación, la respuesta de los jueces es y seguirá siendo clara y unívoca: cumplir y hacer cumplir la ley, adoptando todas las medidas necesarias para ello, con prudencia, pero con la determinación que nos es propia, porque, no nos olvidemos, todos somos iguales ante la ley. Aunque a alguno no les guste.
Manuel Almenar Belenguer es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura
