
Este fue precisamente el argumento empleado por los sindicatos que impugnaron el ERE durante el juicio celebrado a principios de este mes. En la vista aseguraron que las pérdidas económicas que asegura tener la empresa no son tales y que prefiere cerrar la fábrica a cedérsela a Liberty House para evitarse la competencia. La multinacional, sin embargo, afirmó que los despidos eran necesarios porque la producción de aluminio no era viable económicamente y que cada semana que las cubas de electrólisis permanecen activas pierde aproximadamente un millón de euros. En el juicio, tanto la Xunta como el Gobierno central apoyaron la tesis de los trabajadores de que Alcoa actuó de mala fe durante el proceso y nunca estuvo interesada en facilitar el traspaso de la factoría al inversor interesado.