La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha comunicado este lunes su decisión de iniciar un expediente sancionador contra la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por posibles prácticas «desleales» con la competencia en el mercado. El expediente surge de la campaña promovida por esta entidad independentista para alentar el boicot a empresas españolas o contrarias al «procés», una iniciativa la que la ANC vistió de «consumo estratégico».
Según la Comisión, la finalidad de la organización que preside Elisenda Paluzie era incentivar un movimiento de consumidores y empresas de Cataluña contra ciertos productos y compañías de ámbito estatal. «Las razones de esta campaña se fundamentarían en motivos ajenos a la competencia basada en los propios méritos, y podrían distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de los consumidores y la estructura competitiva del mercado», ha alertado hoy la CNMC en un comunicado de prensa.
La Comisión abrió su investigación tras una denuncia presentada por la patronal Foment del Treball, la principal organización empresarial en Cataluña, y después de que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 22 de octubre de 2020, determinase que la CNMC es el organismo competente para resolverla. Según ha recordado hoy la CNMC, previamente se produjo un conflicto de atribución de competencias entre la entidad estatal y la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que depende de la Generalitat.
Suspendida en enero
El pasado 20 de enero, ahora hace casi un año, la propia ANC decidió suspender «temporalmente» su campaña para castigar a las empresas que no respaldaron el proceso independentista. «Es un “stand by”», apuntaron entonces fuentes de la principal organización secesionista a ABC. No obstante, recordaron su intención de recuperar pronto esta campaña pensada para modelar los hábitos de consumo de los catalanes y promover firmas que no hubieran hecho, según afirmaban, «política en contra del derecho a decidir de la sociedad catalana».
La intención de la campaña de la Assemblea fue, desde el primer momento, generar un transvase de clientes y abonados a empresas «próximas» al «modelo de país» que la entidad defiende. Sin embargo, su plan chocó con la Justicia, que en un primer momento decidió suspender la campaña, que cerró su web, y que tenía entre sus objetivos compañías con una enorme implantación en Cataluña como Mercadona, Endesa y La Caixa.
