El Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis (Gerona) se ha encontrado con sendos portazos en sus intentos de que el Estado asumiese el coste de la reparación de los destrozos de la Guardia Civil en el pabellón municipal donde el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tenía previsto votar en el referéndum del 1-O.
Primero, la negativa del Ministerio de Justicia de asumir la indemnización de 13.427 euros que les reclamaba el consistorio gerundense. Y ahora, una sentencia de la sala contenciosa de la Audiencia Nacional, que echa por tierra sus pretensiones en base a la responsabilidad del propio Ayuntamiento por su «intensa intervención» en la consulta ilegal de independencia.
En la sentencia, difundida en las redes sociales por el propio alcalde del municipio, Marc Puigtió, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 deja claro que «el daño» causado por la intervención policial «no se hubiera producido sin la puesta a disposición de las instalaciones de titularidad municipal al servicio de una actividad ilegal». Había, además, «resoluciones judiciales -del TSJC- que obligaban a la Guardia Civil a recoger el material electoral del interior» del pabellón.
«La Guardia Civil no actuó antijurídicamente, pues se encontraba amparada por una resolución judicial que le ordenaba retirar de las instalaciones puestas a disposición del referéndum convocado ilegalmente todo el material relacionado con dicho proceso», dice literalmente la sentencia de la Audiencia Nacional. El alcalde, de Esquerra Republicana, en su cuenta de Twitter lo ha calificado de «una nueva injusticia de la justicia española».
El pabellón municipal de Sant Julià de Ramis es donde tenía previsto votar el 1 de octubre de 2017 el entonces presidente Puigdemont, pero finalmente no acudió al local, que ya había tomado la Guardia Civil.
