Izquierdo, «sorprendido» por la decisión «unilateral» de la Junta que «excede las garantías jurídicas»

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, se ha mostrado sorprendido por la decisión del Gobierno autonómico de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, ya que, a su juicio, ha tomado una decisión que «excede las garantías jurídicas» y por la vía de la «unilateralidad», por lo que ha pedido que «rectfique» la norma de limitación nocturna.

En declaraciones a Europa Press, ha recordado que hay que tener en cuenta que a pesar de estar en una pandemia «muy grave» se sigue estando en un Estado de Derecho y que, por tanto, todas las limitaciones de derechos fundamentales tienen que hacerse con las «máximas garantías jurídicas». «Creo que en este caso el presidente de la Junta de Castilla y León ha adoptado un camino que excede claramente de las garantías jurídicas», ha analizado Izquierdo al día siguiente de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vigilasen, aunque sin sancionar, e informasen a los ciudadanos del nuevo toque de queda a partir de las 20.00 horas.

«A nivel político. Nadie cuestiona la legitimidad del presidente de la Junta para reivindicar que la norma le permita hacer lo que ha hecho. Pero eso es el camino político. Tiene que ser a través del diálogo, del consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y no por la había unilateral por la que ha optado el señor Fernández Mañueco para estupor y perplejidad de todos los ciudadanos de Castilla y León. Yo desde luego no salgo de mi asombro y espero y deseo que el presidente de la Junta rectifique y anule su acuerdo para volver a la senda del diálogo y de normalidad institucional que veníamos manteniendo Castilla y León, que había funcionado muy bien y que estaba dando resultados razonables desde el punto de vista de la colaboración entre las distintas administraciones», ha explicado.

Sigue en vigor
No obstante, el delegado del Gobierno ha reconocido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estarán al servicio de la Junta mientras siga vigente la orden publicada el sábado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

«Mientras no se anule, sigue en vigor y por tanto se va a velar por el cumplimiento de la norma como siempre se ha hecho. Y este es otro principio elemental de un Estado de Derecho y mientras estén en vigor hay que aplicarlas, cumplirlas, con independencia de que tengamos la opinión de que es claramente ilegal, pero sólo podemos dejar de aplicarlas cuando haya una resolución en este caso el Tribunal Supremo que gente que es ante quien se ha planteado el recurso por parte del Gobierno», ha explicado.

Por último, ha incidido en que toda esta situación es «sorprendente» desde un presidente autonómico que pertenece a un partido que habla «constantemente» del «respeto constitucional» y de la «importancia» de la Constitución.