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Las distintas polémicas que se han sucedido en los últimos días a raíz de las irregularidades detectadas en algunos municipios de la Comunidad Valenciana, con alcaldes y trabajadores públicos vacunados contra el coronavirus antes de tiempo, evidencia un problema sistémico: no existe un protocolo específico que determine a quién deben inyectarse las dosis que sobran al final de cada jornada.
El plan estatal de vacunación consensuado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas no contempla este supuesto pese que es una de las características de esta campaña. Por ello, la Conselleria de Sanidad ha añadido un epígrafe al documento remitido a los departamentos de salud, recomendando que los preparados sobrantes se inyecten a las personas que estén dentro del siguiente grupo prioritario tras los ancianos en residencias, el personal que los atiende y los sanitarios en primera línea: los mayores de 80 años que no están institucionalizados.
En otros procesos, como el de gripe, el preparado se recibe en monodosis que se administran directamente al paciente. Pero en el caso del covid-19, tanto Pzifer como Moderna han optado por viales -tarritos de plástico- que contienen varias inyecciones para agilizar su producción a gran escala. Por tanto, tras un proceso logístico complicado, cuando las dosis al fin llegan a los centros de salud y las residencias, esos viales que contienen hasta seis pinchazos cada uno, se reconstruyen con suero fisiológico para extraer el líquido con una jeringuilla.
Cuando ese proceso se ha completado, ya no hay marcha atrás. Al terminar la jornada, los viales que no se han utilizado se guardan para la siguiente, puesto que pueden aguantar hasta cinco días fuera de los ultracongeladores, en neveras a una temperatura de entre dos y ocho grados. Pero uno abierto y reconstruido debe inocularse en las siguientes seis horas para que las dosis sean efectivas
Fuentes de la Conselleria de Sanidad han explicado a ABC que las vacunas se distribuyen en función de una programación preestablecida y de unas cantidades previamente calculadas. ¿Qué ocurre entonces si los residentes o los sanitarios a los que se espera vacunar ese día son impares? ¿Quién decide?
Las mismas fuentes aseguran que los departamentos de salud de las tres provincias tienen autonomía para gestionarlas porque conocen más de cerca la realidad de cada paciente y decidir, en un momento dado, qué se hace con un bien tan escaso como necesario en estos momentos, que en ningún caso puede desperdiciarse.
Pero algunos sanitarios en primera línea, que prefieren guardar su identidad, explican a este periódico que temen que una decisión arbitraria tomada en un momento de estrés pueda acarrearles problemas más tarde. Por eso, aunque agradecen el apunte de la Generalitat, piden que se clarifique este aspecto con más planificación.
En cualquier caso, el departamento que dirige Ana Barceló ha abierto sendas investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las vacunaciones de los alcaldes de El Verger, Els Poblets, Rafelbunyol y La Nucía. Hasta este domingo, la Comunidad Valenciana se situaba a la cabeza del proceso de vacunación en España con el 93% de las dosis recibidas administradas, al mismo tiempo que registra las peores cifras de ocupación hospitalaria del país.
